Luego de una auditoría hecha por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas se encontraron 3 hallazgos fiscales por $ 2.509 millones de pesos y una pobre cobertura del programa de reparación colectiva.
Para la Contraloría, son preocupantes los retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, así como la forma en que avanza la reparación de las comunidades étnicas, que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado.
Así mismo, la auditoría encontró ocho presuntas incidencias disciplinarias y otra que será trasladada a la Corte Constitucional.
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La Contraloría evidenció que no hay una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, pues con corte a 31 de diciembre de 2018 había 1.140.145 pagos pendientes por realizar, lo que corresponde a un 55% del total de pagos por hacer.
Este punto, para el ente de control "es un grave incumplimiento a la orden de la Corte Constitucional", que estableció reglamentar el procedimiento para la atención de la indemnización administrativa de las personas desplazadas.
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Por otro lado, la Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas y Monetización "no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como el cumplimiento de la normatividad vigente."
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Sobre el programa de reparación colectiva, la auditoría encontró que sólo el 1% de los 631 sujetos de reparación colectiva, ha sido reparado de manera integral y completa, lo que significa "una pobre cobertura al finalizar el 2018".
Conozca un aparte del informe de la Contraloría:
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