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Contraloría abre procesos de responsabilidad fiscal por mal manejo en recursos de regalías

La entidad inició en firme tres procesos de responsabilidad fiscal por $47.923 millones, debido al mal manejo de recursos de regalías en Cesar, La Guajira y Putumayo.

Contraloría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades fiscales y obras públicas inconclusas en diversos municipios de Colombia, tras exhaustivas investigaciones que revelan presunta malversación de fondos y falta de ejecución adecuada de contratos.

Entre los casos más destacados, está el de La Guajira , donde la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías inició un proceso por un contrato de construcción de aulas escolares en Albania, valorado en unos $8.050 millones. A pesar de múltiples prórrogas y cesiones del contrato, las obras apenas alcanzan un 70 % sin que ninguna de las 8 sedes contempladas se haya entregado hasta la fecha.

Además, en un informe reciente, la Contraloría constató que los impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no fueron liquidados de manera correcta, y se descubrió un preocupante número de obras públicas que quedaron en estado de abandono o sin finalizar.

Aquí se menciona que los presuntos responsables fiscales vinculados a estos casos incluyen a alcaldes municipales, secretarios de infraestructura y directores administrativos de entidades como COMFACESAR. En este caso, también se investigan a contratistas y miembros de firmas interventoras implicadas en los proyectos.

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Por otro lado, la Contraloría también abrió un proceso fiscal por $1.927 millones relacionado con la reconstrucción de Mocoa, tras el desastre natural que azotó la región. Además, se investigan irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública destinado a mejorar las vías urbanas en este municipio.

Por último, estos hallazgos, resultado de las denuncias y seguimientos realizados por la Contraloría, ponen de relieve la urgente necesidad de una mayor transparencia y vigilancia en la ejecución de contratos públicos.

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