Consejo de Estado ordenó suspender obras en Campo Verde

El Consejo de Estado frenó la construcción de más de 6.000 viviendas de interés prioritario en la zona de Campo Verde, de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, por vulneraciones a la consulta previa de las comunidades indígenas de la zona.

La decisión la tomó el Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Rocío Araujo quien ordenó suspender la construcción de las viviendas en Campo Verde por lo que ahora el Ministerio del Interior deberá verificar la presencia de comunidades indígenas.

Para ellos, el Ministerio tendrá  48 horas  para continuar con el proceso de consulta previa, en el cual deberán participar la Alcaldía Mayor de Bogotá, Metrovivienda y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

Con esta decisión se suspende la construcción de 6.129 viviendas que forman parte del plan parcial Campo Verde, situado en la cuenca media donde se encuentran los ríos Bogotá y Tunjuelo en la localidad de Bosa.

Más de la mitad de esos apartamentos, cerca de 3.500, serán para familias víctimas de la violencia por el conflicto armado.

“En caso en que se compruebe que la mencionada comunidad hace presencia en dicha área, el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa deberá notificar inmediatamente a la autoridad distrital para que ésta proceda a suspender en forma definitiva las obras que se estén realizando, en aras de iniciar el proceso de consulta previa, siguiendo el protocolo adoptado por la Directiva Presidencial 10 del 2013”, dice la determinación.

Igualmente,  ordenó la suspensión de la construcción de un parqueadero  del Sistema Integrado de Transporte en dicha localidad de Bosa y la construcción de la ciclo ruta en el lugar  hasta tanto concluya el proceso de consulta.

La consulta que deberá ser vigilada por la Procuraduría, deberá hacerse “sobre los asuntos que se deriven de la naturaleza propia del plan parcial como norma urbanística, y sólo sobre aquellos aspectos que potencial y/o directamente afecten el territorio de la comunidad indígena accionante”.

Si no es posible llegar a un acuerdo con la Comunidad, el Ministerio, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación, deberán evaluar el impacto de este  plan en la comunidad Muisca de Bosa para determina en máximo tres meses qué acciones tomar.