Consejo de Estado limitaría población beneficiaria del programa 'Jóvenes en Paz'

El Consejo de Estado cambió las condiciones del programa Jóvenes en Paz, bandera del Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta Francia Márquez y ahora la población beneficiada con el pago de $1 millón será menor.

La decisión se da tras estudiar una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia quien alegaba que la redacción del Decreto 1649 de 2023 que respaldó el proyecto incurrió en irregularidades a la hora de definir el grupo poblacional objetivo.

Puntualmente, la Sección Primera del alto tribunal suspendió algunas expresiones o los términos incluidos en este decreto: la pobreza, o pobreza y vulnerabilidad en términos monetarios. Es decir que el pago del Estado aplicaría para quienes estén en situación de “extrema pobreza”.

El argumento del magistrado ponente Oswaldo Giraldo López es que hubo una extralimitación de la función reglamentaria en la redacción pues al usar los términos ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’ se amplió el universo a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.

Esto, según la demanda de Valencia, no fue aprobado en el Congreso cuando avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, que incluía el programa social. En ese momento solo se aprobó la categoría “extrema pobreza”. Esto fue respaldado por el Consejo de Estado que también alertó los posibles problemas con la financiación del programa.

“... En el debate democrático para la aprobación de la ley del plan, delimitó el alcance de la cobertura del Programa y, por ende, el gasto y el presupuesto que supone implementarlo. No puede pasarse por alto que, cuando el decreto reglamentario incorpora una población que no fue la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, la consecuencia práctica es el aumento del gasto frente al Programa, pasando por alto que la ley no lo autorizaba”, explicó el magistrado en su decisión.

Estas medidas cautelares obligarán al Gobierno nacional a cambiar la metodología para seleccionar a los jóvenes beneficiarios con un proceso que, inicialmente, se haría a través de las bases de datos del DANE.