El Consejo de Estado anunció que tomará una decisión crucial respecto a la revisión de sanciones impuestas por la Procuraduría a los funcionarios públicos de elección popular. La trascendental determinación será tomada por la Sala Plena en medio de posturas divergentes dentro del alto tribunal, pues aunque varios magistrados han aceptado la necesidad de estudiar estos casos, otros han manifestado su rechazo a tal revisión.
La controversia se centra en el recurso de súplica, regulado en los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021, que confiere a la Procuraduría la autoridad de imponer sanciones, pero con la condición de que el Consejo de Estado realice una revisión exhaustiva de tales decisiones.
Esta cuestión ha llevado a la Sala Plena a tomar el asunto en sus manos, decidiendo avocar el conocimiento de los recursos de súplica bajo el amparo de la mencionada ley. La medida busca unificar los criterios dentro del tribunal y dar claridad sobre si el Consejo de Estado debería, o no, intervenir en las decisiones disciplinarias de la Procuraduría.
No obstante, las opiniones están divididas entre los magistrados. Mientras algunos consideran que la revisión de las sanciones por parte del Consejo de Estado es esencial para garantizar la equidad y el debido proceso, otros argumentan que tales fallos deberían ser impugnados bajo la figura de nulidad y restablecimiento del derecho, en lugar de involucrar al Consejo de Estado como instancia de revisión.
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