Esta iniciativa busca garantizar una vida libre de violencias y los derechos humanos de niñas y mujeres de Colombia. Es de autoría de las representantes Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y de la senadora Angélica Lozano.
En esta misma línea, la representante Alexandra Vásquez aseguró que “Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que la mutilación genital femenina aún se practica en una comunidad indígena, aunque no existe un registro preciso del número de niñas afectadas en el país, sí se sabe que han fallecido varias como consecuencia de esta práctica”.
Lo anterior ya que de esto en actualidad solo se tienen registros de su práctica en la comunidad embera, principalmente en el departamento Risaralda. Sin embargo, se estima, que según subregistros en el país, en 2023 hubo 90 casos. Por otra parte, hay información del Ministerio de Salud que indica que el rango de edades en las que a las niñas se les hace esta práctica va desde el mes de nacidas hasta los 17 años.
En cuanto a las consecuencias de esta, la representante Carolina Giraldo afirmó que los daños que genera en las mujeres estos procedimientos pueden ser el hecho de llegar a desarrollar infecciones en la herida o infecciones sanguíneas como el tétano, la hepatitis B o el VIH, debido al uso de instrumentos no esterilizados: “Causa graves daños físicos, incluyendo dolor intenso, infecciones, y complicaciones a largo plazo como infertilidad, dificultades en el parto y problemas sexuales”, sostuvo.
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Además, afirman que la salud mental y psicológica de mujeres que han sido víctimas de mutilación genital se afecta profundamente, generando traumas, ansiedad, depresión, y trastornos como el ‘genitally focused anxiety-depressio’: “Las mujeres que han sufrido MGF también enfrentan mayores riesgos de desarrollar enfermedades psiquiátricas y su vida social y educativa se ve significativamente limitada, perpetuando la discriminación y la desigualdad”, agregaron.