Este lunes, 16 de enero, la presentación de protocolo de protección por parte de las mujeres del Congreso de la República por los casos de abuso sexual que se han denunciados desde el Guaviare, dejaron sensaciones positivas ante estos hechos. El presidente del Senado, Roy Barreras, y el de la Cámara de Representantes, David Racero, anunciaron que una vez comiencen las sesiones ordinarias, se adelantará un debate de control político para darle prioridad a estos hechos de violencia en el sur del país.
“Con el fin de accionar desde el Congreso de la República para la protección de todas las mujeres colombianas, empezando por los atroces casos que están ocurriendo en el Guaviare hacía niñas indígenas, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, informan que el primer debate de control político será para tratar estos hechos”, aseguró Roy Barreras, quien también anunció un protocolo de protección y denuncia segura para las mujeres que trabajan en el Congreso.
Desde el Partido Comunes, el senador Pablo Catatumbo anunció que promoverá un debate sobre este mismo tema.
“Como Senador y a nombre de la bancada @ComunesCoL citaré a debate de control político al Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía y el ICBF sobre la situación de vulneración de derechos a la primera infancia y niñez indígena del Guaviare”, dijo Catatumbo en días pasados.
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En las próximas semanas se definirá cuándo se desarrollará el debate de control político, quiénes serían los citados y cuál sería el cuestionario.
¿Qué sucedió en San José de Guaviare?
La Procuraduría General de la Nación
adelanta nuevas actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército Nacional
contra menores de edad indígenas en el departamento de San José de Guaviare.
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Una de las medidas que tomó la Procuraduría fue la de abrir investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y no habría desplegado las medidas de protección necesarias luego de una publicación hecha en medios de comunicación.
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