Congresista Pedro Baracutao y seis exFarc aceptan ante JEP responsabilidad en secuestro

El pasado mes de septiembre, la JEP anunció una imputación contra siete antiguos integrantes del bloque Noroccidental (BNOCC) de las extintas Farc por secuestro. Esa estructura es responsable del 25 % de los secuestros en el país, principalmente en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.

La imputación se dio por 314 secuestros, incluidos los casos del excongresista Óscar Tulio Lizcano, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el consejero de paz Gilberto Echeverri.

En un documento de 503 páginas conocido por Blu Radio, los imputados aceptaron su responsabilidad en estos hechos y se refirieron a algunos de estos casos.

Óscar Tulio Lizcano

Al excongresista Óscar Tulio Lizcano le pidieron perdón. El caso se dio en Getsemaní, Río Sucio, Caldas, el 5 de agosto del año 2000, y se prolongó por 8 años.

"En los últimos días de su cautiverio, reconocemos no tuvo los medicamentos que requería para su enfermedad de próstata ante el contexto mencionado. En medio de este, sufrió de paludismo y se le dieron los medicamentos necesarios para superar la enfermedad, pues contábamos con ellos en ese momento. Antes de la muerte del comandante Iván Ríos, se propuso por parte del Frente al Secretariado de las Farc-EP, la liberación suya porque sus condiciones de salud se hacían más complejas y queríamos propiciar una liberación digna, ante esto, se recibió respuesta afirmativa y se dispuso de todo lo necesario para ello, pero con el asesinato del Comandante Iván Ríos, su liberación se vio frustrada, pues Iván era el único enlace existente en ese entonces con el Secretariado, y bloque, no podía decidir al respecto, pues esto significaba una falta disciplinaria que podía terminar en juicio de guerra para quienes los liberaran. Entendemos, que este intento de liberación generó en usted sentimientos de impotencia, desesperanza e indefensión", señala el documento de los comparecientes.

Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri

En el documento, los comparecientes se refieren al secuestro y posterior asesinato del gobernador de Antioquia , Guillermo Gaviria, y el consejero de paz Gilberto Echeverri. En este punto, Pedro Baracutao, quien es congresista del partido Comunes, habló sobre una indebida imputación por responsabilidad de mando, advirtiendo que él no tenía mando sobre las unidades responsables del caso.

En el caso de Guillermo Gaviria le piden perdón directamente a la esposa, asegurando que el exgobernador fue asaltado en medio de un acto de buena fe como lo era la “la marcha por la paz”.

"A pesar de nuestros encuentros y del proceso restaurativo que hemos llevado con el Sistema Integral para la Paz, nos quedamos cortos y sin elementos, por más esfuerzo que hagamos, para regresarle una mínima parte de lo que les arrebatamos con su partida, a partir de la cual usted quedó sola y debió afrontar situaciones difíciles a las que no estaba acostumbrada y que, con valor y entereza, superó.

Pedro Baracutao

Pedro Baracutao es representante a la Cámara por el partido Comunes y fue imputado por su responsabilidad en estos casos de secuestro. Baracutao en las Farc fue comandante principal del frente 34. Ante la JEP reconoció los casos de secuestro, asegurando que "Fueron crímenes injustos que marcaron vidas y en muchos casos las terminaron". Advierte además que algunas unidades bajo su mando pudieron haber incurrido en graves crímenes contra las personas secuestradas, debido a las omisiones de Baracutao.

"Reconozco que, debido a las dinámicas del conflicto, di la orden de privar de la libertad a personas con fines de aseguramiento para así lograr el control territorial. Reconozco la responsabilidad pertinente frente al patrón de secuestros con fines de canje humanitario", señala el congresista.

Jhoverman Sánchez, ‘El Manteco’

En el documento también está el reconocimiento de Jhoverman Sánchez, conocido como ‘El Manteco’, quien fue miembro del Estado Mayor del frente 5, entre 1996 y 1998 y comandante principal del Frente 58 de 1998 a 2016. En su reconocimiento, aseguró que emitió "órdenes tácticas" y siendo comandante del frente 58 omitió "prevenir, castigar o sancionar hechos concurrentes no amnistiables, así, con mi proceder y el de quienes se encontraban bajo mi subordinación".

Asegura que las víctimas de secuestro sufrieron miedo, terror, condiciones inhumanas de cautiverio y malos tratos.

"Todas estas actuaciones u omisiones de nuestra parte implicaron siempre un profundo sufrimiento, tanto para las víctimas directas como para sus familiares, amigos y comunidad en general. La zozobra del cautiverio, la posibilidad de morir en cualquier momento, el distanciamiento con las familias y rutinas normales de sus vidas, el agobio constante de cada esposa, esposo, hijo, hija, madre o padre, hermanos, entre otros, que fueron separados de manera abrupta de sus seres queridos, con la incertidumbre de no saber cuándo volverían y la pérdida de aquellos que no regresaron con vida o que continúan desaparecidos, la ruptura de lazos familiares, las dificultades económicas, la impotencia, la angustia, todas esas situaciones, emociones y limitaciones, las comprendo ahora y lamento mucho que eso haya ocurrido", señala Sánchez en su reconocimiento.

Solicitudes de los comparecientes

En las últimas páginas del documento los comparecientes hacen algunas solicitudes a la JEP. La primera es que la jurisdicción declare que los siete comparecientes reconocieron su participación en la toma de rehenes, otras graves privaciones de la libertad y otras conductas concurrentes. Pero también piden modificar las imputaciones de los atendiendo a las precisiones que realizó cada uno de ellos sobre su trayectoria en las Farc .

“De acuerdo con lo desarrollado en el acápite 3.1 sobre la garantía de un recurso judicial efectivo, pronunciarse sobre todas las solicitudes y observaciones de la defensa. Tener en cuenta las consideraciones históricas y de contexto sobre el hecho del alzamiento rebelde en la región del Noroccidente, así como los orígenes y contenidos de la lucha revolucionaria de las Farc-EP en la resolución de conclusiones. Lo anterior, con el propósito de que se cimente una verdad amplia, detallada y exhaustiva, no solo obedeciendo a patrones de macrocriminalidad y participes al interior del conflicto armado, sino que contenga el contexto que ha rodeado el origen, desarrollo y la reproducción de este. QUINTA. Aclarar, precisar y rectificar los señalamientos referentes a “control territorial” en cabeza del Bloque Noroccidental, en el entendido de que nunca lo ostentaron, debido a que no se cumplieron las condiciones para que este se materializara. Principalmente, porque el BNOCC de las Farc- EP disputaron el territorio con grupos armados legales e ilegales de forma permanente, y no ejerció funciones estatales en los departamentos de su presencia.

Considerar la importancia de utilizar fuentes de contrastación diversas y que le otorguen un valor amplio a las versiones voluntarias de los comparecientes. Abstenerse, en lo sucesivo, de utilizar hechos de víctimas no contrastadas previamente para efectos de ilustrar los patrones de macrocriminalidad hallados por la SRVR dentro de su investigación, por cuanto esto afecta gravemente el alcance del estandar probatorio de “bases suficientes para entender”, se lee en las observaciones.

En el caso de Pedro Baracutao piden suprimir o modificar el modelo de atribución de responsabilidad como “responsable de mando” y un cambio de “máximo responsable por liderazgo regional” a “partícipe no determinante”.

“Impulsar y ordenar la generación de las garantías de seguridad para los firmantes, comparecientes y demás participantes que tienen injerencia en la consolidación de la paz, en los departamentos de Antioquía, Córdoba, Chocó, Risaralda y Caldas con el fin de llevar a cabo los planes de búsqueda de personas desaparecidas en el noroccidente del país, debido a la reactivación e intensificación del conflicto que han venido dificultando esta labor, con especial afectación sobre la vida, la integridad y la estabilidad de los firmantes de la paz y de los buscadores. Lo anterior, obedeciendo a la compleja situación de seguridad que se ha venido presentando en el área en las que tuvo presencia el Bloque Efraín Guzmán, y la incursión de varios actores armados ilegales”, aseguran en las solicitudes los comparecientes.