La representante liberal Clara Rojas González radicó un proyecto de ley para que quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución sean sancionados con multas progresivas hasta de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 23 millones de pesos.
“Entre el 60 y el 70 % de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos 1-3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Estas cifras fueron dadas a conocer en una Audiencia Pública que realizamos en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, explicó.
La Congresista del Partido Liberal explicó que así lo prevé un proyecto de ley que radicó el Congreso de la República y que busca desestimular esta práctica teniendo en cuenta que, muchas personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de la violencia explotadas sexualmente.
“Después de la entrada en vigencia de la ley, cada dos años se irá aumentando el número de salarios mínimos con los que se penalizará a quienes paguen por servicios sexuales. De manera que lo que se busca es crear en el imaginario colectivo, de manera progresiva, una cultura que desincentive esta práctica”.
El Artículo 5 del proyecto prevé las siguientes sanciones pecuniarias
Multa Tipo 1: 4 SMDLV los dos primeros años a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 2: 8 SMDLV. Del tercer al quinto año a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 3: 16 SMDLV. Del sexto al octavo año a partir de la vigencia de la presente ley.
Multa Tipo 4: 32 SMDLV. Del Noveno año en adelante a partir de la vigencia de la presente ley.
Con los dineros recaudados por concepto de las multas se creará el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución (FONASP), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social y que servirán para financiar las políticas, planes y programas dirigidos a esta población vulnerable, por ejemplo:
1. Apertura de cupos en residencias de albergue a víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo.
2. Apertura de centros de reinserción social que promuevan la educación que permitan generar alternativas laborales para las víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
3. Generar mecanismos de protección y garantías para la reinserción social de las víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo.
4. Coordinar e implementar políticas públicas de carácter nacional para la reducción de riesgos sanitarios, sociales y psicológicos de la población en situación de prostitución.
Así mismo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y en coordinación con otras entidades competentes, tendrá atención prioritaria en la lista para adjudicación de beneficios para acceder a vivienda de interés social a las víctimas de prostitución, proxenetismo y trata de personas.
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