El gobierno reconoce al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como autoridad territorial, económica y ambiental de las comunidades, y también reconoce las competencias de sus autoridades, ordenando que estas se coordinen con las entidades públicas.
El punto H del decreto ATEA aborda, por ejemplo, el "Pluralismo jurídico" y explica: "Las normas que expidan las autoridades indígenas desde su autonomía jurisdiccional respecto a la protección, preservación, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de economías propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad".
El decreto señala que esto aplica en los resguardos y reservas indígenas, tierras y territorios originarios ocupados por los pueblos o comunidades indígenas que conforman el CRIC, y establece un plazo para que el gobierno adelante todas las regulaciones necesarias para desarrollar lo pactado en este decreto, que por ahora está sujeto a cambios, ya que aún no ha sido publicado.
"En el ejercicio de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales y/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y/o tradicional y respecto de los miembros de sus comunidades y terceros", se lee en el documento.
ATEA era la principal petición del CRIC, que llegó al parque El Renacimiento en Bogotá el pasado 20 de agosto y que esperaba al ministro del Interior el pasado miércoles para que les entregara el decreto. Sin embargo, el jefe de la cartera no asistió.
Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) expresó su rechazo al decreto "ATEA" (Autoridades Territoriales Económico Ambientales) que el gobierno y el CRIC buscan aprobar.
La ANUC critica que, aunque la medida fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, podría agravar los conflictos interétnicos y culturales en la región del Cauca debido a su enfoque unilateral. Instan al Gobierno Nacional a no aprobar el decreto y a trabajar en un Pacto Interétnico y Pluricultural que incluya a todos los sectores sociales de Colombia.
Además, llaman a la movilización del campesinado para exigir el cumplimiento de compromisos previos y la defensa de sus derechos.
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