Con carnets de escoltas y salvo conductos falsos, Clan del Golfo cometía delitos

En audios recopilados por la Policía y entregados a la Fiscalía, se evidenció que los integrantes del grupo armado llamaban a las empresas para pedir una cantidad específica de acreditaciones como escoltas y salvo conductos para las armas.“¿Cuánto necesita?”, pregunta alguien de la empresa de vigilancia. “Por ahí unos cinco”, responde el integrante del grupo armado. “¿Para usted?”, le pregunta la persona de la empresa. “Sí, para mí y para mi empresa (fachada del grupo armado)”, responde. “Déjeme mañana tipo nueve de la mañana a ver si me los consigo”, contesta el contacto de la empresa de vigilancia.El subintendente Jefferson Suárez, investigador de la Dirección de investigación Criminal de la Interpol contó que la indagación comenzó a partir de la captura de Edgar Elisio, alias 'El caballista', quien se identificaba con un carné de escolta y portaba armas con salvoconductos falsos.El fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales (DECOC), Juan Pablo Fajardo, afirmó que a través de diferentes técnicas investigativas lograron evidenciar que estas personas se dedicaban a actividades delictivas, de tráfico de armas y homicidio relacionados al Clan del Golfo. “Logramos asociar los casos, lo que nos permitió identificar a diferentes integrantes de grupos armados organizados que operaban en las regiones del Meta, Magdalena medio y en la ciudad de Bogotá”, informó Fajardo.Durante las operaciones realizadas por la Policía se realizaron ocho allanamientos en los que se incautaron armas de fuego, municiones y más de 198 millones de pesos. El trabajo articulado entre Fiscalía, Policía de Colombia e Interpol se realizó con la dirección de Extinción de Dominio y otras entidades externas como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Como parte de las pruebas, hay unos audios en los que se escucha a alguno de los integrantes del Clan del Golfo llamando a una de estas empresas para pedir una certificación laboral que los vinculara con las empresas de vigilancia, con el fin de evitar a las autoridades. “Es que me decomisaron un arma en Medellín y entonces necesitan una carta como si él (integrante del grupo ilegal) fuera miembro de la empresa”, se escucha en los audios.Los principales implicados en el caso son los representantes legales de las empresas que prestaban este servicio, identificados como Pedro Ruíz, José Castaño y Pedro Urrego. A los tres se les imputó por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Solo uno de ellos aceptó los cargos.Por último, Juan Pablo Fajardo, fiscal del caso, hizo una mención en memoria especial a Héctor Andrés Daza Castellanos, fiscal de la Unidad de Crimen Organizado, quien tuvo un rol fundamental para destapar esta red criminal.