Durante casi cinco horas, los integrantes de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, creada para analizar la situación jurídica y derechos humanos de los jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional, sostuvieron una audiencia pública en la que participaron voceros de la Primera Línea, familiares y abogados de los detenidos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales como la ONU y la OEA y la Defensoría del Pueblo.
Los representantes de la Primera Línea exigieron que el nuevo gobierno cumpla con su promesa de campaña y proceda con la liberación de los jóvenes capturados, en lo que ellos consideran es un “montaje judicial” producido por la Fiscalía y la Policía.
“El cambio era para todos, no era para unos. Tenemos presos políticos, pusimos los muertos y ahora tenemos una persecución constante contra los líderes de Puerto Resistencia (Valle). Tenemos claro que el fiscal Barbosa tiene una persecución junto al gobierno anterior para torpedear el cumplimiento de la promesa de Petro”, dijo Fabián Trujillo, vocero del colectivo de Primera Línea de Puerto Resistencia.
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Los jóvenes que asistieron a la audiencia, muchos de ellos que pasaron por las cárceles del país, también hicieron un llamado para que se atienda de manera urgente las condiciones de vida de los que siguen presos y recordaron que ellos no son “terroristas”.
“Los jóvenes en Colombia no somos terroristas, el derecho a la protesta no es un delito, es un derecho legítimo en una verdadera democracia. Recordamos a Dilan Cruz, a Lucas Villas, a tantos y tantas víctimas de la falta de diálogo y empatía. En la cárcel pude evidenciar las faltas de garantías de la población carcelaria, no se cuenta con políticas públicas que les den calidad de vida en temas relacionados con salud, alimentación, educación, infraestructura, etc”, añadió.
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Angelica María Socha Baquero, madre de Kevin Sebastián Hernández Socha, uno de los jóvenes que aún sigue detenido, relató el sufrimiento que lleva su familia con todo este proceso judicial: “Mi hijo, después de terminar su servicio militar con una excelente conducta, fue señalado injustamente de haber sido una de las personas que incendió el CAI Aurora en Usme, el 4 de mayo de 2021. Mi hijo no participaba de ese evento, esa acusación es falsa y hace parte de un montaje judicial. Mi familia es perseguida de noche y de día. Nos encontramos mental y emocionalmente enfermos”.
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Sin duda la gran preocupación vino por parte de la delegada para Colombia de la Alta Consejera para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, quien señaló que le preocupa que tanto la Fiscalía y la Policía estén utilizando tipos penales graves, como concierto para delinquir y terrorismo, para judicializar de forma a los jóvenes detenidos, cuando estos delitos no se pueden usar para tipificar las acciones violentas ocurridas durante las protestas.
Pero esta no es la única advertencia de la representante de la ONU. De Rivero afirmó que producto de este uso desmedido y sin criterio de estas tipificaciones penales se ha generado una estigmatización a los jóvenes de las primeras líneas, señalándolos de hacer parte de organizaciones que tienen un fin criminal. Adicionalmente, sostuvo que estas capturas se han utilizado como formas de disuasión para que la gente no se movilice; incluso, señaló que revisando las fechas de las detenciones y con testimonios de algunos miembros de la Policía, se identificó que este mecanismo de disuasión se hacía en fechas claves, como aniversarios de las protestas y días antes de las elecciones, con el propósito de evitar que estos jóvenes participaran activamente.
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Los grandes ausentes a este evento fueron el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora Margarita Cabello, quienes tampoco enviaron representantes a la audiencia. El representante Uribe Muñoz señaló que la Fiscalía no entregó ninguna respuesta al cuestionario enviado por la Comisión del Congreso.
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