Entre los proyectos de ley que radicará el Comité Nacional del Paro en el Congreso de la República, el próximo 21 de julio, está la renta básica; piden que sea un salario mínimo por siete meses para 10 millones de personas. También quieren evitar que en la reforma tributaria se apruebe el impuesto general de renta del 35% para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Otro de los proyectos es la gratuidad universal para todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero , plantean que sea para todos los estratos, no solo 1 y 2.
También exigen el fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia; teniendo en cuenta que este pedido no es nuevo y se refieren a “reivindicar un proyecto de ley que se trabaja desde el año pasado, el 073 para que se establezca que el estado colombiano asuma las nóminas de los hospitales públicos”, explicó Yesid Camacho, presidente de Anthoc.
Por otra parte, habrá un proyecto de ley para la reactivación del sector agropecuario, la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social, acciones promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), y la reforma a la Policía.
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“Desde el Comité Nacional de Paro estamos dispuestos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, formular y tramitar uno o varios proyectos de ley que establezcan un programa de inclusión económica, social y laboral de la juventud, a partir de la agenda, discusión y acuerdos en el orden nacional que propongan las expresiones movilizadas de esta”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT.
Igualmente, aseguraron que estarán respaldando algunos proyectos que se han formulado por congresistas y por organizaciones sociales en materias de gran importancia y urgencia, como el que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, la prohibición del uso del glifosato
para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano, la reforma al ICETEX, generación de empleo público, principio de favorabilidad en el aumento mesadas pensionales, la reducción de aportes de salud para los pensionados, la prohibición del fracking y la revisión de los tratados de libre comercio, entre otros.