La Procuraduría General de la Nación le envió una carta a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la que alerta por varias preocupaciones frente a la reforma pensional y sugiere algunos cambios argumentando que si bien se necesitan los cambios, estos deben hacerse con el respaldo legal y financiero.
Una de las principales preocupaciones de la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, quien firma la carta, es la falta de claridad de cómo Colpensiones asumiría la administración de los nuevos afiliados o nuevos aportes que plantea el texto de la reforma.
En el documento, argumentan que desde hace varios años y a lo largo de diferentes mesas técnicas, han evidenciado un retraso en la atención de trámites y poca gestión para ponerse al día.
Por ejemplo, una de las respuestas oficiales de la Junta Directiva de Colpensiones decía que, con corte al 31 de marzo, tenían 48.833 trámites pendientes, de los cuales 4.553 están con términos legales vencidos, pese a que hay varios planes de contingencia activos para solucionar dicha falencia.
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“Con estas cifras, se evidencia que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, ni operativa, para la implementación de la reforma, que implicaría el traslado de aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados”, puntualizó la delegada Ojeda.
Otro de los puntos destacados en el comunicado tiene que ver con la ausencia de un informe claro y definitivo del impacto fiscal de cuánto va a costar la implementación y mantenimiento de esta reforma. Cabe recordar que uno de los debates ha sido la petición del presidente Gustavo Petro
de subir el umbral de cotización a Colpensiones a cuatro salarios y no dejarlo en 2.3 salarios como fue aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, eso afectaría el informe de impacto fiscal.
Ante esto, la Procuraduría le pide al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Congreso que no avance hasta no tener esos informes completos, pues se corre el riesgo de caer en vicios de trámites y normatividad como pasó con la creación Ministerio de la Igualdad, cuya norma que fue tumbada por la Corte Constitucional por motivos similares.
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“Se insiste sobre la necesidad de contar en todos los Pilares, con estudios de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema de Protección a la Vejez, a mediano y largo plazo. No se ha informado por parte de MinHacienda, si este proyecto es sostenible fiscalmente. Este tema es de gran importancia porque de aprobarse la reforma sin el estudio de impacto fiscal, podría aumentar el pasivo pensional y generar fallos de inconstitucionalidad”, detalló Ojeda.
Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior y que la reforma cambiaría las condiciones en al menos 45 variables del sistema, la Procuraduría le plantea al Gobierno nacional la necesidad de cambiar la fecha en que entraría en vigencia la ley para que inicie paulatinamente en 2026 y no en 2025 como plantea el documento actual.
“Para que Colpensiones asuma nuevas operaciones, la Superintendencia Financiera debe certificar todos los requisitos y parámetros, entre estos, los relacionados con la atención al consumidor financiero, gobierno corporativo, riesgos, etc. Si no lo puede certificar, no podría entrar en vigor la ley”, puntualizó.
La reforma pensional ya avanzó en su paso por el Senado de la República y está último debate en la Cámara de Representantes; la ponencia para la etapa final ya fue radicada el pasado miércoles.
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Este es el documento completo de la Procuraduría:
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