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Colombia se salvó de pagar $1 billón de pesos por pleito con inversionistas del proyecto Meritage

El proyecto inmobiliario Meritage hizo parte de una polémica porque los terrenos donde se empezó a construir a las afueras de Medellín tenían un historial que habían pertenecido a narcotraficantes y paramilitares.

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Economía
Foto: referencia, Blu Radio

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informó este 27 de junio que fueron notificados que Colombia ganó demanda por más de un billón de pesos en su contra por el polémico proyecto de lujo en Medellín conocido como Meritage que terminó siendo objeto de extinción de dominio por la Fiscalía por los nexos que tenía el proyecto con el narcotráfico .

El proyecto inmobiliario Meritage hizo parte de una polémica entre 2016 y 2019 porque los terrenos donde se empezó a construir a las afueras de Medellín tenían un historial que habían pertenecido a narcotraficantes y paramilitares.

“Hoy queda claro que el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes. De esta forma, es claro que la acción de extinción de dominio iniciada por Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos, pues, siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”, dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El arbitraje por el caso Meritage inició el 25 de marzo de 2019, fecha en la que se registró la demanda presentada por Ángel Samuel Seda y otros, contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.

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Los inversionistas reclamaban USD 255 millones, es decir, más de un billón de pesos. Por decisión unánime el Tribunal concluyó que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la extinción de dominio iniciada contra el predio del proyecto Meritage en Envigado, Antioquia, pues estas fueron medidas adoptadas y mantenidas en el tiempo para proteger intereses de seguridad esencial del Estado colombiano.

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