Cielo Rusinque por inspección a Naturgas: “No fue una orden del presidente Petro”

En diálogo con Mañanas Blu, Cielo Rusinque superintendente de Industria y Comercio, abordó las controversiales inspecciones llevadas a cabo en el sector del gas natural, específicamente a Naturgas. Aseguró que estas visitas forman parte de investigaciones que datan del 2024 y son parte regular de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, las cuales están respaldadas por la ley. Bajo este contexto, la superintendente negó cualquier vinculación política con el gobierno de Gustavo Petro, rebutando afirmaciones de que sus acciones son influenciadas por la agenda política del presidente. "Nosotros no tomamos decisiones basadas en subterfugios políticos, sino en indicios que requieren aclaración", afirmó.“Nosotros estamos actuando dentro de nuestras competencias constitucionales y legales”, agregó. En ese sentido, subrayó que las investigaciones buscan recopilar evidencia sobre el comportamiento del mercado del gas natural y las posibles conductas anticompetitivas. Mencionó que es vital entender el contexto de los precios del gas, sobre todo en medio del reciente aumento del 36% en las tarifas, enfatizando que la Superintendencia tiene el deber de velar por los intereses de los consumidores colombianos. Sin embargo, advirtió que no tiene control directo sobre los precios, dejando esta responsabilidad al mercado. Otro punto de discusión importante es la crítica de la Superintendencia respecto a su papel en la política. Categóricamente rechazó los comentarios que sugieren que la entidad actúa como un brazo del gobierno al manifestar que las indagaciones están fundamentadas en el deber de mantener un mercado equitativo y no por órdenes externas. "Ni el presidente me dice específicamente cuando hacer una visita, cuando recuperar un material o cuando ir a una institución o no", reiteró. Ante cuestionamientos sobre el uso de dispositivos personales durante las investigaciones, señaló que la Superintendencia lleva a cabo un proceso formal de recolección de pruebas, siempre en alineación con las normativas que permiten acceder a la información necesaria sin invadir derechos fundamentales. Escuche aquí la entrevista: