Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un avance del seguimiento de las recomendaciones presentadas al Gobierno colombiano tras la visita de junio de 2021 con motivo de las movilizaciones del Paro Nacional.
Hasta la fecha evaluó 28 de las 41 recomendaciones y, de estas, calificó 11 como pendientes de cumplimiento, 14 parcialmente cumplidas y tres han sido cumplidas de manera parcial sustantiva.
“Si bien es difícil hacer una valoración global, pues cada una de las recomendaciones tiene su propio contenido, lo óptimo es que cada recomendación se cumpla, pero sí saludamos todo avance gradual como el que se está viendo”, dijo Joel Hernández, comisionado de la CIDH.
Hernández también destacó un cambio de postura con la llegada del nuevo Gobierno, pues si bien han tenido un apoyo de cada una de las administraciones, en esta evidencian un nuevo tono.
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“Lo que resulta muy alentador es cuando el jefe de Estado expresa un compromiso inequívoco con los derechos humanos y también cuando prioriza en la región el sistema de derechos humanos”, dijo Hernández.
En esa medida, destacó el mecanismo anunciado por el presidente Petro para acompañar de manera directa la implementación de dichas recomendaciones.
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“Tenemos que desarrollar y conversar sobre esa posibilidad de que las etapas siguientes de seguimiento a las recomendaciones se hagan de manera conjunta con el Estado, hay metodología avanzada de la comisión como el que ya estábamos con Chile, aunque todo caso es diferente, hay que aprovechar la experiencia”, señaló el comisionado.
Varios puntos en los que enfatizó el informe es que ve de manera positiva el anuncio del Gobierno de una iniciativa legislativa y otros proyectos dirigidos a regular las acciones de la fuerza pública, aunque insisten en que deben ir más allá del marco normativo y dar herramientas para la aplicación.
Hernández también destacó las investigaciones internas y disciplinarias contra miembros de la fuerza pública involucrados en irregularidades y que el Gobierno tenga proyectado desvincular la Policía del Ministerio de Defensa y trasladarlo al Ministerio del Interior, para que se acerque más a su rol ciudadano.
Otro punto en el que insistió este avance del informe es la necesidad de que el Gobierno busque la libertad de las personas que fueron capturadas injustamente cuando hacían parte de las movilizaciones.
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“La recomendación a las autoridades competentes es revisar la situación de aquellas personas que pudieron haber sido detenidas de manera arbitraria, para que puedan seguir estos procesos en libertad, con medidas alternativas a la prisión que siguen permitiendo el avance de la justicia, pero con mayor participación de las personas”, detalló Hernández.
Es decir, con esto respaldaron procesos como el de voceros de paz que viene adelantando el Gobierno.
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