La crisis humanitaria en Colombia ha alcanzado su punto más crítico en ocho años, según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En entrevista con El Radar de Blu Radio, José Antonio Salgado, jefe de operaciones del CICR en Colombia, advirtió que el deterioro ha sido progresivo desde 2018, reflejando una tendencia preocupante en el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Cada año la situación humanitaria ha empeorado, lo que se ha traducido en un mayor número de violaciones al DIH y en una afectación grave a la población civil
El informe destaca que la violencia no ha surgido de manera repentina, sino que ha sido una evolución constante que ha desembocado en la crisis actual.
El informe del CICR señala que en 2023 se registraron 382 violaciones al DIH , reportadas directamente por las comunidades afectadas. Además, la crisis por artefactos explosivos alcanzó niveles alarmantes con 719 víctimas, lo que representa un incremento del 189% respecto al año anterior. De estas víctimas, el 63% resultó afectado por explosivos lanzados o detonados a distancia.
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Otro de los indicadores críticos es el confinamiento forzado, con 88.874 personas afectadas, una cifra que también representa un aumento del 189%. Adicionalmente, el CICR documentó 2.001 infracciones contra la misión médica, entre ellas cinco homicidios, y 252 desapariciones, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.
Más allá de las cifras, queremos enfatizar que cada número representa a una persona o una comunidad que sufre las consecuencias de la violencia. Estas cifras reflejan solo lo que hemos podido documentar, pero la realidad puede ser aún más grave
Los conflictos armados en Colombia y el papel del Estado
El CICR clasifica actualmente ocho conflictos armados no internacionales en Colombia, de los cuales tres involucran al Estado contra grupos armados no estatales, mientras que los otros cinco se dan entre estos grupos.
Ante esta realidad, el organismo humanitario insiste en la importancia del respeto al DIH por parte de todas las partes en conflicto. "El cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario no puede ser negociado. Su aplicación estricta evitaría muchas de estas consecuencias y reduciría la afectación a la población civil", afirmó el jefe de operaciones del CICR.
Para el Estado colombiano, el desafío es doble: debe enfrentar la violencia de estos grupos y, al mismo tiempo, garantizar asistencia y protección a las comunidades más afectadas. Salgado destacó la necesidad de fortalecer las capacidades locales para responder a las necesidades humanitarias.
Muchas dificultades en la atención de las víctimas se deben a la falta de recursos y capacidades de las autoridades locales. Es fundamental reforzar estos niveles para responder eficazmente a la crisis
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Con una presencia de 55 años en Colombia, el CICR mantiene una red de más de 400 trabajadores, el 83% de ellos colombianos, operando en 12 oficinas distribuidas en las regiones más afectadas por el conflicto. Su labor, basada en principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, ha permitido que la organización continúe con sus operaciones, a pesar de los riesgos del conflicto.
"Nuestro acceso a las comunidades se basa en la aceptación por parte de todos los actores armados. Sin esa confianza, nuestro trabajo no sería posible", explicó Salgado. No obstante, reconoció que las condiciones de seguridad pueden dificultar el acceso a ciertas zonas en momentos de hostilidades intensas.
La labor del CICR en Colombia incluye la mediación en la liberación de secuestrados, la recuperación de cuerpos de víctimas del conflicto y la asistencia humanitaria a las comunidades más afectadas. "Nuestro compromiso es seguir adaptándonos a la evolución del conflicto armado para poder continuar con nuestra misión humanitaria", concluyó Salgado.
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