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Cerca de 17.500 presos quedarían sin alimentos en estaciones de Policía y URI: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo le solicitó a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación que dejaría de ser administrado por el USPEC.

Presos. cárcel  Foto: AFP
Presos. Foto: AFP

Preocupación en la Defensoría del Pueblo luego de que informaran que cerca de 17.500 presos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI, en el país, se quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio. Esto luego de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, manifestara en una mesa técnica con Procuraduría y Defensoría de no continuar con la prestación del servicio alimentario en los centros de detención a personas en calidad de investigadas.

"Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria", señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según la entidad, el 75 % de las personas recluidas en estos centros recibe alimentación de la USPEC que viene administrando eso recursos pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos. Por otro lado, nuevamente se le hizo un llamado al Ministerio de Defensa por el hacinamiento en estos centros de reclusión temporal que se encuentra en 124 %, de acuerdo al informe especial que entregaron sobre el panorama carcelario.

“Hemos entregado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel, conformada por las entidades territoriales y la USPEC, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que sea adoptado un plan de contingencia que permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación a esta población”, resaltó el defensor del Pueblo.

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Finalmente, la Defensoría del Pueblo les solicita a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación a las personas en calidad de sindicadas que se encuentran en Centros de Detención Transitoria, y a la USPEC, que coordine con las entidades territoriales el suministro de este servicio para prevenir una afectación generalizada.

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