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Cédulas de extranjería: Procuraduría abre investigación a directivos de Migración por contrato

Según la Procuraduría, la Imprenta Nacional no contaba con la experiencia o capacidad técnica para realizar los trabajos contratados, lo que derivó en la subcontratación total de los servicios

Cédula Extranjería Colombia
Cédula Extranjería
Canal Isntitucional

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia , Carlos Fernando García Manosalva, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández, por presuntas irregularidades en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. El contrato, por un valor total de $6.600 millones, habría generado dudas sobre la idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos y posibles vulneraciones a la libre concurrencia.

La investigación también incluye al jefe de la oficina jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y al secretario general de esa misma entidad, Rigoberto Niño Corredor.

Las presuntas irregularidades

Las principales preocupaciones de la Procuraduría se centran en dos aspectos:

  • Falta de idoneidad de la Imprenta Nacional: al parecer, la Imprenta Nacional no contaba con la experiencia o capacidad técnica para realizar los trabajos contratados, lo que derivó en la subcontratación total de los servicios. Esto generó dudas sobre la selección de la entidad y el manejo de los recursos públicos.
  • Posible vulneración a la libre concurrencia: el contrato se adjudicó de manera directa a la Imprenta Nacional, sin un proceso licitatorio abierto que permitiera la participación de otros oferentes. Esto podría haber limitado la competencia y afectado el precio final del contrato.

La Procuraduría considera que las acciones de los investigados podrían haber infringido los principios de la contratación estatal y la función administrativa. De comprobarse las irregularidades, los funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias como suspensión del cargo, multa o inhabilidad para ejercer funciones públicas.

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La Procuraduría ha solicitado copia del contrato firmado y un informe detallado del estado actual del mismo, incluyendo las actividades realizadas hasta la fecha y los pagos realizados.

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