CCI asegura que "todos los colombianos" terminarán pagando por congelamiento de precios a peajes

Son varios los efectos colaterales que dio a conocer la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) que va a tener el decreto del Gobierno con el que se congelaron las tarifas de los peajes de la ANI e Invías para el 2023 en el país.

Y es que el impacto directo que sentirán los colombianos será más impuestos, esto, porque el Gobierno plantea cubrir el hueco que abre de no subir las tarifas de los peajes con la valorización.

“La principal consecuencia para el país de cara a los alcances del decreto expedido es que, a partir de la fecha, será el Gobierno y todos los colombianos, incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas, quienes terminarán respondiendo vía impuestos por los que dejen de recaudar los proyectos”, dijo el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo.

Además, para la Cámara Colombiana de Infraestructura la forma en cómo el Gobierno plantea compensar el congelamiento en las tarifas, que es la valorización, no es clara.

Y es que el gremio aseguró que esta medida causa un desequilibro económico de los contratos que se tienen y el Estado tendrá que sacar de su bolsillo cerca de un billón de pesos del fondo de contingencia presupuestal para compensarla. Ese fondo en este momento tiene unos recursos estimados de 6 billones de pesos.

“No ajustar al alza las tarifas de los peajes implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos, esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos de los proveedores por parte de las concesiones”, expresó.

Y es que congelar las tarifas en los peajes, según la Cámara Colombina de Infraestructura, deja a las concesiones privadas sin poder garantizar su sostenibilidad, por lo que los contratos podrían terminarse de manera anticipada. En ese caso, el Estado tendría que reconocer las inversiones realizadas, además de finalizar operar y administrar las vías. Este panorama puede generar desempleo.

Este decreto en últimas implica cambiar las reglas del juego, lo que crea un clima de inseguridad jurídica entre inversionistas. A pesar de eso, el gremio confía en el buen criterio del Gobierno.

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