Con el furor y el agite en estos meses por el escándalo de Odebrecht que en Colombia salpicó a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga (2014), se ha recordado uno de los casos más emblemáticos de corrupción estatal: el “Proceso 8.000”.
En esa ocasión, como quedó en evidencia, no se trató del financiamiento de campañas por dineros provenientes de empresas extranjeras con intereses en contratación; se trató de dineros provenientes del narcotráfico que ingresaron a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano.
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La declaración principal la hizo la hizo el exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, quien señaló públicamente al entonces mandatario de saber lo que sucedió con la narco financiación de su campaña electoral.
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En entrevistas desde su sitio de reclusión en la Escuela de Caballería, Botero Zea, quien había oficiado como director de la campaña ‘Samper Presidente’, aseguró que con tristeza debía reconocer que el primer mandatario no solo sabía del ingreso de dineros del Cartel de Cali, sino que estaba seriamente comprometido en esos hechos.
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