Una nueva sanción en el escándalo de Centros Poblados llega por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en contra de todos los actores involucrados en el proyecto que nunca llevaron el internet a las zonas rurales pese a haber recibido anticipos en los recursos públicos.
Tanto los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos deberán pagarle al Estado $87.027 millones al haber incumplido en diferentes instancias el contrato 1043 de 2020 firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ministerio TIC.
“La decisión se dio al probarse que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, explicó la Contraloría.
El fallo también tuvo en cuenta que la presentación de una garantía falsa, que no fue debidamente verificada por los funcionarios públicos que a su vez permitió el anticipo de $70.000 millones pese a que no había iniciado la ejecución del contrato.
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Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.
El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 c digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.
Según la Contraloría, el consorcio interventor falló al aprobar varias órdenes de pago sin verificar los soportes y sin cumplirse las condiciones de tener todos los equipos para acceder a los recursos. Además, no convocó a una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución.
Finalmente, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa distribuidora, también fue declarado responsable fiscal por no entregar a tiempo los equipos requeridos..
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