Carne de animales enfermos habría llegado al PAE y cárceles desde mataderos ilegales

Ocho personas fueron capturadas en el marco de una investigación por el sacrificio clandestino de reses, caballos y asnos en un matadero ilegal ubicado en la vereda Sasa, en Chiquinquirá, Boyacá. La Fiscalía General de la Nación descubrió que esta red delictiva distribuía carne no apta para el consumo humano a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE ), centros carcelarios, plazas de mercado y comercios en Boyacá y Cundinamarca.

La operación, realizada con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, permitió desmantelar el esquema criminal que operaba en condiciones precarias de salubridad. Además, se identificó que la actividad generaba graves afectaciones ambientales, incluyendo contaminación del suelo y fuentes hídricas por residuos del matadero.

Según la Fiscalía, los integrantes de la red adquirían animales enfermos y en malas condiciones, sacrificándolos sin cumplir con las normas sanitarias ni contar con permisos legales. Posteriormente, la carne era empacada sin cumplir con las cadenas de frío necesarias y trasladada a bodegas clandestinas en Cota (Cundinamarca) y Bogotá , desde donde se distribuía a diversas instituciones públicas y mercados locales a través de un intermediario.

Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García fueron identificados como administradores de cuatro bodegas ilegales dedicadas al beneficio animal. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. John Anderson Pineda Ortegón, empleado de una de las bodegas, y Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario en la distribución de la carne, junto con Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores, recibieron medidas de detención domiciliaria.

El Invima constató que la carne distribuida por la red no era apta para el consumo humano, representando un grave riesgo sanitario. Además, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, entre otros. El caso avanza con la recolección de pruebas y audiencias judiciales, mientras se buscan más responsables en esta operación ilegal.