La Procuraduría General de la Nación le profirió pliego de cargos al exgerente de la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá , Juan Guillermo Jiménez Gómez, por las presuntas irregularidades en la contratación de las obras para la construcción del proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado, que debía ejecutarse en los predios que en el pasado habían sido destinados para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente -ALO-.
Al parecer el entonces funcionario, que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, adjudicó y suscribió dicho contrato para que se ejecutaran los trabajos, a pesar de no tener definido el marco normativo que reglamentaba el alcance del proyecto, ni las funciones del operador urbano; además de acuerdo a la Procuraduría al momento de la firma no se tendría resuelto el mecanismo de gestión, coordinación y articulación institucional, así como tampoco el modelo de negocio y de identificación de predios, aspectos que fueron advertidos por los potenciales oferentes, pero que no fueron precisados antes de continuar con la fase de selección del colaborador empresarial.
Hay que recordar que el contrato para construir Ciudadela Educativa y del Cuidado en Bogotá se disolvió en junio en un mutuo acuerdo, entre la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y la constructora Las Galias sobre la ALO norte. El contrato para la construcción de vivienda estaba suspendido desde el 19 de enero, a la espera de la aprobación del Plan de Desarrollo Distrital que presentó el alcalde Carlos Fernando Galán al Concejo de Bogotá.
Ahora el órgano de control señala que Jiménez aparentemente “incumplió lo establecido en el manual de contratación y gestión de negocios de la entidad, por cuanto tenía la obligación de no dar continuidad al proceso de selección del colaborador empresarial mientras subsistieran esas circunstancias”, lo cual podría derivar eventualmente en escenarios de demandas contra el Distrito que afecten la implementación del proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado.
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De acuerdo a la Procuraduría, estas acciones podrían vulnerar el principio de eficacia que rige la función administrativa, y calificó su conducta como una falta grave cometida a título de dolo, en grado de probabilidad.
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