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Capturados por corrupción en Ejército deberán responder por contratos de $3.000 millones

Los nueve capturados deberán responder ante un juez por contratación presuntamente irregular de la Cuarta Brigada.

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Blu Radio // Soldados del Ejercito // Foto: AFP

BLU Radio conoció en primicia detalles de la investigación que presentará este miércoles la Fiscalía ante un juez y con la cual le pedirá que envíe a la cárcel preventivamente a los nueve capturados por presunta corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

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Se trata de las primeras capturas en este escándalo que se relacionan exclusivamente a irregularidades en la contratación y no tienen nada que ver con irregularidades de salvoconductos.

Según fuentes de BLU Radio, aparentemente hubo corrupción en 40 contratos relacionados con intendencia, alimentación y repuesto, entre otros, que habrían comprometido cerca de $3.000 millones.

Todos los contratos se habrían firmado entre el año 2015 y el 2017, cuando el que comandaba la Cuarta Brigada era el general Jorge Romero, que fue retirado hace un par de semanas cuando ya se desempeñaba como jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo.

Los militares activos capturados son: el coronel Alexander Carvajal, quien era el supervisor de los contratos de la brigada; el mayor Edwin Eduardo Carrillo, jefe de presupuesto de la brigada; el capitán Jhonatan Bonilla, supervisor de contratos de la brigada y el sargento John Henry Roncancio, bodeguista de la brigada.

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También fue capturado el teniente coronel (r) Harold Felipe Paez Roa y cuatro contratistas: Samir Fernando García, Ana Lucía Posada, Guerly Alexander Carrera, Jaime Alberto Ramírez.

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Todos deberán responder por delitos como celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

La segunda fase de investigación que adelanta la Fiscalía sobre el tema de la Cuarta Brigada tiene que ver con irregularidades en la entrega de salvoconductos que terminaron en manos criminales como alias ‘Pichi’ de la Oficina de Envigado.

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