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Cancillería pide a la Fiscalía que investigue proceso de licitación de pasaportes

El Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación sobre las posibles irregularidades en la licitación de pasaportes.

Pasaportes diplomáticos.jpeg
Pasaportes diplomáticos
Foto: Cancillería, referencia

José Antonio Salazar Ramírez, secretario General encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores envió una solicitud formal al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en la que pidió una investigación en profundidad sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de licitación depasaportes.

La carta, enviada este martes 18 de julio, insta a la Fiscalía a "adelantar las investigaciones que considere necesarias para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido".

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En la misiva, el funcionario solicitó la posibilidad de abrir una noticia criminal y pidió que se adelanten las instrucciones correspondientes para concluir con las "peticiones de rigor ante los jueces de la República".

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Salazar Ramírez, quien también actúa como ordenador del gasto en la Cancillería y es el encargado del proceso de licitación, envió esta carta por instrucción del canciller Álvaro Leyva Durán.

Para el próximo 1 de agosto está prevista la audiencia de adjudicación del contrato por 599.000 millones de pesos para la elaboración y distribución de los pasaportes en el país. Un proceso que estuvo marcado por múltiples reclamos de empresas interesadas en el contrato y que advirtieron que no existían condiciones para competir contra la firma Thomas Greg & Sons.

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Incluso, la Procuraduría envió en mayo un extenso documento con múltiples observaciones, que posteriormente advirtió que no habían sido respondidas y que la vigilancia se daba para que garantizaran la selección objetiva, con libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma.

Ante toda esta situación, la Cancillería suspendió el proceso y lo retomó el pasado 5 de julio. Ahora están avanzando contrarreloj, pues el contrato actual está vigente hasta el próximo 31 de agosto.

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