Este miércoles, 21 de agosto, el canciller Luis Gilberto Murillo radicó en la Secretaría de Senado un proyecto para restringir y controlar la cooptación de mercenarios de Colombia que van a participar en conflictos en otras partes del mundo.
Lo que se busca con esto es convertir al mercado de mercenarios en un delito, es decir, que se prohíba que personas de Colombia con entrenamiento militar vayan a participar en conflictos internacionales.
Se trata de la “Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios".
En la Secretaría del Senado se presentó este proyecto que busca que Colombia como Estado Parte no reclute, utilice, financie ni entrene mercenarios y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada, además que la aprobación de esta Convención exige que la legislación interna de los Estados Parte considere los aspectos legales de la figura del mercenario, lo que permitiría su criminalización, procesamiento y extradición en caso de ser necesario, así como fomentar la cooperación entre los Estados Parte.
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Incluso, crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios, con el propósito de combatir estas actividades y adoptar medidas públicas en consecuencia.
La Cancillería argumenta que es importante enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, así como combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional promoviendo incluso delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra, los cuales están proscritos y son imprescriptibles según el ordenamiento jurídico colombiano.
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Dicho proyecto ahora deberá cursar cuatro debates para ser aprobado, dos en Senado y dos en la Cámara de Representantes.
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