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¿Canciller Leyva puede apelar suspensión de 3 meses por caso pasaportes? Esto explica Procuraduría

La decisión se conoció en medio del viaje que hizo Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores, a Ginebra. La suspensión se tomó “para evitar, según lo decidido por la sala disciplinaria, la posible reiteración de las faltas disciplinarias".

Canciller Álvaro Leyva Durán.jpg
Canciller Álvaro Leyva Durán
Foto: Twitter

Después de que se conociera la suspensión de tres meses contra el canciller Álvaro Leyva , por posibles irregularidades en la licitación por pasaportes, Blu Radio consultó en la Procuraduría si el funcionario puede apelar la decisión y tratar de evitar que su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores se haga de manera inmediata.

Sin embargo, desde el Ministerio Público explicaron que la decisión no puede ser apelada por el canciller, teniendo en cuenta que es un pliego de cargos, pero sí podría elevar una consulta ante el superior del procurador que falló en su contra, en este caso sería la procuradora Margarita Cabello, para que revise nuevamente la decisión.

Por ahora el canciller tendría que cumplir la sanción de manera inmediata, la cual ya fue notificada a la Presidencia de la República, y la cual tiene, además, un llamado a juicio por dos faltas disciplinarias resumidas en declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos necesarios y supuestamente decretar la urgencia manifiesta sin que al parecer existieran causales. Para la Procuraduría, el canciller incurrió en faltas gravísimas a título de dolo, es decir, con conocimiento.

La procuradora Margarita Cabello explicó que la suspensión se tomó “para evitar, según lo decidido por la sala disciplinaria, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y dirige el nuevo proceso licitatorio de pasaportes ”.

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En el caso del secretario del Ministerio de Relaciones, José Antonio Salazar, la Procuraduría decidió archivar la investigación en su contra, por las presuntas irregularidades en este proceso que pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

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