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Canciller Leyva busca levantar suspensión de la Procuraduría mediante tutela

La defensa de Leyva argumenta que la medida provisional es urgente para evitar perjuicios irreparables al canciller y al interés público, ya que afecta la dirección de las relaciones internacionales de Colombia.

Álvaro Leyva
Álvaro Leyva
CRIS BOURONCLE/AFP

El suspendido canciller, Álvaro Leyva , sigue dando pelea en contra de la medida que en su contra tomó la procuradora Margarita Cabello . Este martes, 13 de febrero, se conoció que el funcionario presentó una tutela solicitando que se levante los efectos de la decisión del ente de control.

Mediante una tutela presentada por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, el canciller solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proteger sus derechos fundamentales al trabajo, a ejercer cargos públicos y al trabajo, frente a la presunta vulneración cometida por la procuradora Margarita Cabello.

En el escrito de 60 páginas, el apoderado del funcionario señala que no están poniendo en duda la decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción en lo relativo a la formulación del pliego de cargos y el llamado a juicio disciplinario, sino la medida de suspensión. Es por ello que solicitan que el tribunal decida levantar temporalmente los efectos del numeral segundo del auto del 24 de enero de 2024, que suspende al canciller Leyva Durán por tres meses. La defensa argumenta que la medida provisional es urgente para evitar perjuicios irreparables al funcionario y al interés público, ya que afecta la dirección de las relaciones internacionales de Colombia.

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Alvaro Leyva Durán.
Foto: captura de pantalla documental de Presidencia.

Para el abogado Dueñas González, la suspensión provisional se basa en "meras sospechas" y no en pruebas sólidas de que el canciller Álvaro Leyva pueda reiterar la conducta investigada; que la decisión desconoce los requisitos de necesidad y proporcionalidad, ya que existen otras medidas menos gravosas para asegurar la transparencia del proceso; la suspensión afecta gravemente el derecho al debido proceso, al trabajo y a ejercer cargos públicos del canciller; y que la decisión de la Procuraduría obedece a razones políticas y no a una actuación administrativa imparcial.

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