El Gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó este lunes el ministerio del Interior.
"La labor más difícil que hay es la verificación (...) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones", explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.
La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.
El Gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del ELN dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
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Bajo su política de "paz total", Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.
Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán "diferentes" con cada organización, dependiendo de si "se mueven en la economía ilegal" o "tienen estatus político".
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"No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo", admitió el vocero presidencial.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua.
Sin desmilitarización
Unos 15.000 combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal "continúan" y que lo único que se evitará es "que haya una confrontación con el grupo ilegal".
"No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos", declaró Velásquez a medios.
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Desde noviembre el gobierno negocia con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Los rebeldes concedieron una tregua unilateral de Navidad que comenzó el 24 de diciembre y se prorrogó con el reciente anuncio.
El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de "todo el territorio" y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones "se muevan a sus anchas" como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.
"Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro", añadió.
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse.
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Tregua entre organizaciones
Petro, un exguerrillero que firmó la paz y depuso los fusiles en 1990, se convirtió el 7 de agosto de 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia.
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La política de "paz total" ha sido blanco de críticas de la oposición que la considera una "apología a la criminalidad y a la impunidad".
El gobierno no ha informado si las mesas de diálogo se instalarán en Colombia o en otros países, como ocurre con el ELN que inició una primera etapa de negociación en Venezuela y seguirá en México en una fecha por definir.
Según el ministro de Defensa, "se están adelantando conversaciones entre organizaciones armadas que tienen presencia en un mismo territorio para que también entre ellas cese la confrontación".
"Es lo que podría garantizar la tranquilidad para la población" que suele quedar en medio del fuego cruzado, añadió.
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Los demás alzados en armas que quedaron fuera de los acuerdos de cese al fuego serán "perseguidos sin límite alguno", indicó el gobierno.
Colombia vive un conflicto armado que en seis décadas deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados.
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El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.
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