Continúan las discusiones sobre la propuesta del acto legislativo del Sistema General de Participación, que se basa en la transferencia de recursos por parte del Gobierno para que las regiones tengan la capacidad de financiar servicios básicos.
En esta ocasión, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó el aumento de las transferencias, afirmando que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y que es necesario que se redistribuya los recursos para tener una sostenibilidad fiscal. Asimismo, asegura que de ser así, la Corte podría declarar inexequible la reforma.
“El reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales y garantizar el equilibrio fiscal de la nación. Pues si eso no ocurre, es muy probable que la Corte declare inexequible una reforma que no garantice la estabilidad fiscal y hay riesgo que la calificación extrema del país”.
Por su parte, también afirmó que hasta el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha concluido que los aumentos a los recursos asignados al Sistema General de Paricipación podría llevar a un recorte en la inversión, debido a la alta flexibilidad del gasto. Ante esto, revela que el Gobierno debería asumir los riesgos macroeconómicos y tener presente que la reforma propuesta inicialmente, limitaría la capacidad del estado para cumplir con el marco fiscal.
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Asimismo, desde la Contraloría, le envía un mensaje al Gobierno para evaluar una comisión octava permanente para asuntos territoriales en el Congreso" type="text/html" data-cms-ai="0">Congreso para revisar a fondo los proyectos propuestos, ya que muchos de estos afirman que los recursos entregados no alcanzan.
El contralor concluye asegurando que cualquier cambio en el modelo de transferencias debe venir acompañado de una reestructuración de la capacidad de los departamentos y municipios para que estos mismos generen ingresos y así no se compromete la sostenibilidad fiscal.
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