El 2022 inició con fuertes enfrentamientos entre la disidencia de la Farc y el ELN . Comenzaron el primer día del año y se han extendido por horas, dejando muertes, se habla de al menos 30 personas asesinadas. Además, secuestros, desplazamientos masivos, desapariciones, amenazas, detenciones ilegales y miedo en toda la población fronteriza de ambos países.
Los combates iniciaron en el departamento fronterizo de Arauca, limítrofe con el Estado venezolano Apure. Según fuentes en el lugar e investigaciones, fue justamente en Apure donde ocurrió el asesinato del cabecilla del ELN alias ‘Mazamorro’, específicamente en la población de El Nula. Siendo esto uno de los detonantes principales para la nueva hostilidad entre grupos irregulares.
La tarde de este lunes, 3 de enero, guerrilleros cerraron el paso de lanchas por el río Arauca. El motivo: evitar el desplazamiento de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Al menos 2.000 ya habían huido del lugar.
El gobierno de Nicolás Maduro no se pronunció formalmente este lunes. A través de la red social Twitter, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, criticó y culpó al gobierno de Iván Duque de la situación, calificándolo como el “peor presidente de Colombia” creador de “fuerzas élites” que buscan culpar a Maduro. Además de un Tweet más temprano del mayor general Wistohor Chourio, comandante general de la milicia venezolana, fueron las únicas apariciones públicas del gabinete ejecutivo venezolano. Esto, sin dar detalles de la situación. Para muchos esto da fuerza a la teoría que asegura el chavismo ampara, promueve y financia las fuerzas que operan en ambos territorios cobra fuerza.
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No es la primera vez que ocurre, se trata de al menos la enésima ocasión en la que se mezclan inocentes, niños, mujeres y ancianos en medio de guerrilleros e incluso milicia venezolana, que muchos desconocen hacia qué lado apuntan su seguridad.
Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch, ante lo ocurrido declaró: “En Arauca y Apure, parece haberse roto la alianza entre el ELN y la disidencia del Frente 10 de las Farc, lo cual podría resucitar una nueva versión del conflicto que durante varios años atormentó a la población en la región. Hemos recibido denuncias graves de muertes, desplazamiento forzado y secuestros. Es urgente que las autoridades tomen medidas para proteger a la población civil y asistir a las víctimas”.
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