Este martes 22 de octubre se conoció que llegó una demanda en el Consejo de Estado contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había formulado un pliego de cargos y abierto una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por supuestas infracciones de los topes electorales durante su campaña presidencial.
El abogado Sebastián Fausto Méndez, demandante en este caso, solicita la nulidad absoluta de la resolución emitida por la Sala Plena del CNE el 8 de octubre de 2024, argumentando que la entidad carece de competencia para actuar en este asunto y que ya había operado el fenómeno de la caducidad.
Méndez sostiene que el CNE ha abusado de su autoridad al emitir una decisión que considera injustificada, alegando que no tiene facultades para investigar al presidente de la República, lo que contraviene el artículo 413 del Código Penal. Esto, a su juicio, se acerca al concepto de "prevaricato por acción". Además, argumenta que la caducidad ya se había manifestado, lo que invalidaría cualquier acción posterior del CNE.
Por otro lado, el Consejo de Estado reafirmó la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro. En un auto emitido el 7 de octubre, el alto Tribunal desestimó una solicitud de nulidad presentada por el abogado Héctor Carvajal, quien representaba al presidente. Este había argumentado un posible conflicto de competencias respecto a quién debía llevar a cabo la investigación sobre la campaña.
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El Consejo explicó que el CNE tiene la autoridad para aplicar sanciones administrativas si se comprueban irregularidades en la financiación de la campaña, aunque la facultad de destituir a un presidente recae únicamente en el Congreso, conforme a los procedimientos de juicio por indignidad política.
Cabe destacar que el 8 de octubre, el CNE decidió abrir una investigación formal sobre la campaña Petro Presidente y formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por supuestas violaciones a los límites de financiación electoral. Entre los aspectos revisados por los magistrados se incluyen pagos a testigos electorales, una supuesta donación de Fecode y la USO, así como aportes de la empresa de criptomonedas Daily Cop.
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