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La Fundación Nydia Erika Bautista envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington sobre la agresión que sufrió en las últimas horas en la que un hombre, que no se logra reconocer en los videos de seguridad, rompe las ventanas de la casa en la que opera la organización. En el documento señala que los hechos se dieron en la misma noche del atentado a Alfamir Castillo, la madre de un joven asesinado y dado como una baja de la guerrilla.
“Como un mensaje de advertencia y amedrentamiento por su labor de denuncia y defensa de los Derechos Humanos de las víctimas de desaparición forzada ante la justicia ordinaria y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, recibieron hoy las lideresas de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización de víctimas de desaparición forzada, el ataque a su sede nacional ubicada en Bogotá, perpetrado cuando fueron destruidos los vidrios de la fachada principal del primer piso de la misma”, dice la carta entregada a la CIDH.
Esta fundación ha registrado y documentado a las supuestas víctimas de falsos positivos por las que ha sido investigado el general Mario Montoya. En otro de los apartados del documento, la organización le hace saber de sus indagaciones a la CIDH.
“Desde octubre de 2018, la Fundación se presentó ante la JEP, solicitando acreditar varias víctimas en el caso del general Montoya, denegado hasta hoy, y realiza enormes esfuerzos preparatorios para la presentación de más de 300 casos de desaparición forzada ante la Comisión de la verdad”, agrega el texto.
Vea también: Naciones Unidas en Colombia rechazaron atentado contra Alfamir Castillo
En el 2014, tras las denuncias de la Fundación, la Fiscalía capturó un militar involucrado en las desapariciones forzadas en Bogotá.
El texto a la CIDH concluye con la relación entre el atentado a Alfamir Castillo y el hostigamiento a la casa en un barrio en la capital.
Hay que recordar que en lo corrido del 2019 van siete líderes sociales asesinados y, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en total más de 400 desde el 2016. El fiscal general aceptó sistematicidad en los homicidios a los líderes sociales, muchos de ellos se han cometido por organizaciones ilegales como las Bacrim, las disidencias de las FARC y el ELN. Así como un pequeño número ocurrido por miembros de la propia fuerza pública.
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