En medio de una cumbre de gobernadores adelantada en Cúcuta, la Contraloría reveló que en los últimos tres años la atención médica de la población venezolana en zonas limítrofes le ha costado al Gobierno colombiano 407.000 millones de pesos.
El organismo de control advirtió a los mandatarios de frontera que la política migratoria requiere una eficiente gestión del gasto público porque los manejos imprevistos podrían desafiar el régimen legal vigente.
“La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, dijo el contralor, Felipe Córdoba.
Y es que el Gobierno aún le debe al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, que recibe la mayor cantidad de venezolanos, una suma de 108.000 millones de pesos.
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Los cálculos que realizó el Fondo Monetario Internacional arrojaron que la atención a la población migrante y refugiada en Colombia tendrá de aquí al 2023 un enorme impacto fiscal.
El Banco de la República también añadió que los costos relacionados en salud de los extranjeros se aproximarán a los 620.000 millones de pesos que equivalen a un 0,06% del PIB.
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