Después de varias semanas se negociación hay humo blanco para la reforma laboral del sector público: la promesa del Gobierno de acabar los contratos de prestación de servicios.
El acuerdo final dice que las entidades públicas tendrán 60 para hacer los estudios de carga laboral y determinar cuántas gente debe ser contratada por el Estado. Los estudios serán financiados directamente por el gobierno para evitar que el acuerdo 'se embolate' por falta de plata.
Con esos datos en mano, el Gobierno definirá cuáles vacantes se abren en cada entidad. La pelea será si esas serán plantas temporales como proponen algunas voces dentro del Gobierno o plantas permanentes como quieren las centrales obreras.
"Se va a iniciar este año de manera acelerada con los estudios de planta de personal y con la posibilidad de que este mismo año de hagan los concursos de tal manera que al final del cuatrienio esté resuelto este fenómeno tan discriminatorio con los empleados del sector público como es tenerlos en ese sistema de órdenes de prestación de servicios", dijo a Blu Radio el negociador de la CUT, Fabio Arias.
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El Sena es una de las primeras entidades que pasará a la fila de los concursos ya que es una de las principales usuarias de los contratos por prestación de servicios. El Ministerio del Trabajo está proponiendo la creación de 10.000 vacantes para instructores y unas 2.400 más para empleados administrativos. La decisión final depende de una reunión del Consejo Directivo en julio próximo.
Quienes hoy trabajan como contratistas no tienen garantizado un cupo en las nuevas plantas y deberán competir por su lugar en un concurso junto a cualquier interesado.
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Todos los concursos pasan por el filtro de la Comisión Nacional del Servicio Civil así que si está interesado en trabajar con el Estado es buena idea que inscriba su hoja de vida y esté atento a las convocatorias.
El cronograma de trabajo implica que en 2023 será muy poco posible comenzar en enganche de trabajadores a las nuevas plantas. Este año la contratación está limitada además por el arranque de la Ley de Garantías Electorales.
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