Así quedó el polémico proyecto de seguridad ciudadana en la Cámara de Representantes

El proyecto de ley de seguridad ciudadana, el cual tiene mensaje de urgencia, fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes y ahora queda pendiente de la plenaria del Senado para que sea aprobado.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional busca responder a temas como la inseguridad urbana en todo el país y a varias de las situaciones que dejó el paro nacional de este año.

En la norma quedó establecido que el homicidio cometido en contra de un uniformado se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisión; aumento de penas para quien lesione a un uniformado de la Policía y/o fuerza pública. La norma impone sanciones más drásticas (entre 4 y 6 años de cárcel) para quienes destruyan bienes públicos o interrumpa las acciones legítimas de la fuerza pública.

“Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta, las marchas pacíficas”, expresó el representante Cristian Garces del Centro Democrático.

Otro apartado del proyecto habla sobre el porte de armas blancas y de fuego. Establece que cuando no sea para un fin lícito, deberá ser castigado con penas entre los cuatro y seis años de prisión.

“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que permite es la judicialización, un aumento de penas”, dijo la representante María José Pizarro.

En lo aprobado por la Cámara se da vía libre a la privatización de las cárceles en el país, según denunciaron los partidos de oposición, y podría afectar a los privados de la libertad.

“Genera un incentivo a poder meter a más personas a las cárceles, sin tener garantías de la protección de los derechos humanos”, afirmó la representante Juanita Goebertus.

Otro polémico artículo que fue aprobado por la plenaria de la Cámara tiene que ver con permitir el uso de armas en legítima defensa cuando se requiera y que, según la oposición, beneficia comportamientos como el del ciudadano Andrés Escobar, quien usó un arma en las pasadas protestas en la ciudad de Cali.

“Eso les pone una lápida a los jóvenes en la espalda. El artículo tercero que permite a las personas, sobre la legítima defensa como lo hizo Andrés Escobar, sacar una pistola y disparar a los marchantes”, puntualizó el representante León Fredy Muñoz.

Dentro del proyecto quedó establecido que se debe evitar las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad.

“¿Eso que ha generado? Impunidad, de cada 100 atracadores que cogen, óigase bien, 97 quedan libres”, afirmó el representante Edward Rodríguez.

Sobre el traslado de ciudadanos retenidos por las autoridades, quedó incluido unos mínimos, como que tengan cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico y debe tener comunicación con un familiar o persona de confianza cuando sea trasladado a estos puntos.

El ultimo polémico artículo que fue aprobado fue la creación de 125 puestos para la Fiscalía General de la Nación para atender delitos informáticos.

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