Según la Fiscalía General de la Nación, los implicados operaban en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira, donde crearon empresas ficticias para reportar trabajadores independientes inexistentes y así acceder ilegalmente a subsidios y beneficios económicos destinados a mitigar la emergencia por la pandemia de COVID-19.
La organización simulaba actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción y cooperativas. Para ello, obtenían documentos falsos firmados por supuestos empleados independientes, quienes a veces participaban voluntariamente con la promesa de pagar aportes reducidos al Sistema de Seguridad Social.
Una vez recopilada esta documentación falsa, la red presentaba contratos y nóminas simuladas ante las autoridades, logrando reclamar subsidios de entre 90.000 y 454.000 pesos por cada trabajador ficticio. Esta estrategia permitió a los implicados apropiarse de más de 5.000 millones de pesos entre 2020 y 2021.
“Los elementos materiales probatorios muestran un esquema organizado para defraudar al Estado mediante la simulación de vínculos laborales y el uso indebido de recursos públicos”, señaló la Fiscalía.
Las investigaciones llevaron a la judicialización de 11 presuntos integrantes de la red, quienes fueron imputados por fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Pese a que no aceptaron los cargos, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos ellos.
La Fiscalía aseguró mediante un comunicado que seguirá trabajando para identificar a otros posibles implicados en este esquema de fraude masivo.
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