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Arranca juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leyva por caso pasaportes

Este jueves 15 de febrero, la Procuraduría citó la primera audiencia presencial, para arrancar con el juicio disciplinario del suspendido canciller Álvaro Leyva.

Álvaro Leyva.jpeg
Alvaro Leyva Durán.
Foto: captura de pantalla documental de Presidencia.

A las 10:00 de la mañana de este 15 de febrero, el suspendido canciller Álvaro Leyva fue citado para el arranque de su juicio disciplinario por las irregularidades que se habrían presentado para licitación de los pasaportes en el país.

La diligencia se da cinco días después de que el Gobierno finalmente acogió la suspensión de tres meses impuesta contra el ministro Leyva, y se oficializó la llegada del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado. Desde el 24 de enero salió la medida provisional, pero Leyva siguió en el cargo firmando decretos, contratos y nombramientos.

“En el juicio disciplinario, el canciller Leyva tendrá la oportunidad de hacer los descargos necesarios en su proceso y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas”, explicó la Procuraduría.

El día que el ente de control le notificó la suspensión a Leyva confirmó que sus faltas fueron haber declarado desierta la licitación de los pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos; y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta en medio del trámite contractual, sin causas para tomar la decisión.

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La defensa del canciller Leyva, el abogado Yefferson Dueñas, interpuso una tutela contra la Procuraduría al considerar que las decisiones tomadas en su caso no han vulnerado sus derechos al trabajo, al debido proceso y a ejercer cargos públicos.

Todo inició cuando a mediados de septiembre del 2023, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de 599.000 millones que desde un principio favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, la empresa que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, Thomas demandó al Estado por 117.000 millones.

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