La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría anunciaron una nueva línea de investigación conjunta. En medio de la pandemia se están entregando irregularmente jugosos contratos a aportantes de campañas políticas de 2018 y del 2019. Según el procurador, Fernando Carrillo, “se trata de un pago de favores por financiamiento de campañas políticas”.
“Estos contratos suscritos por las entidades territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por la COVID-19”, dijo el procurador Carrillo.
Por esto, le puso la lupa a contratos entregados a 117 financiadores de campañas, que se otorgaron entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Según las primeras cuentas, los financiadores aportaron cerca de 4.700 millones de pesos a campañas políticas entre el 2018 y el 2019, y entre marzo y mayo de este año, a 77 de ellos, se les entregaron 147 contratos por valor de 47.028 millones. Es decir, casi 10 veces más lo que aportaron.
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La Procuraduría encontró que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.
“El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas”, puntualizó Carrillo.
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Por su parte, el contralor Felipe Córdoba dio varios ejemplos de los que se estarían presentando.
Uno de los casos es en el departamento de Vichada donde uno de los financiadores a la campaña del actual gobernador aportó 40 millones de pesos y le otorgaron un contrato por más de 1.700 millones.
En la Gobernación de Caquetá aparecen aportes por 157 millones y hoy tienen contratos por 1.600 millones de pesos. De igual manera en la Gobernación de Amazonas.
El contralor también mencionó el caso de un aportante a la campaña del alcalde de Argelia, Antioquia, quien dio 8 millones y tiene contrato por 120 millones de pesos. El caso se repite en Barbosa, Antioquia, un financiador aportó 5 millones de pesos y tiene contrato por 124 millones de pesos de catering.
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Finalmente, en Boyacá investigan un contrato de 102 millones de pesos y otros contratos de transporte entre la empresa Muiscas SA y un particular.
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