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Desde que se conoció el caso de tortura a menores con discapacidades psicosociales en la fundación Peces Vivos de Ibagué, la Fiscalía ha recibido otras 10 denuncias de personas que aseguran que sus familiares pasaron por la misma clase de castigos.
Esto alerta a las autoridades porque, a pesar que fue en el 2016 que la fundación recibió la licencia del ICBF para ser contratada bajo la modalidad de aportes para prestar los servicios de un ‘Internado Discapacidad Mental Psicosocial, esta llevaba más de 3 años operando, por ello, fuentes aseguran que las víctimas irán aumentando con el tiempo.
Ese tipo de contratación ‘por aportes’ no solo será revisado por la Fiscalía en la segunda fase de la investigación, sino por la Procuraduría, porque el contrato por aportes podría acarrearle al ICBF responsabilidades penales y disciplinarías por contratar directamente por un supuesto nivel de experiencia de fundaciones especializadas en el tratamiento de los niños.
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Finalmente, Blu Radio conoció que los familiares de los menores presuntamente torturados por la fundación preparan millonarias demandas contra el estado porque el ICBF no solo les habría dado la licencia para ser contratados sino que semanas antes de las había renovado.
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