La recuperación de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado, ubicado en la región Caribe de Colombia, es ejemplo significativo del avance por la justicia agraria y la consolidación de la paz en los territorios más afectados por la violencia que avanzan a través de la Reforma Agraria y el actual Gobierno.
Este proceso, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha sido posible gracias a la persistencia de las comunidades locales y el esfuerzo coordinado de más de 50 funcionarios de la agencia que han trabajado sin descanso en la recuperación de bienes, particularmente de ciénagas y playones. La intervención de la ANT en la zona ha sido histórica, marcando un hito en la resolución de conflictos agrarios en este territorio.
Durante más de 50 años, las comunidades pesqueras y campesinas de la región solicitaron la restitución de tierras que habían sido acaparadas de manera ilegal por terratenientes. Sin embargo, a lo largo de los años, sus esfuerzos habían sido en vano, y los avances en la resolución del conflicto fueron escasos. "Fueron 10 presidentes atrás. Cincuenta años en esta lucha, sin ningún resultado. En dos años de gestión, se han logrado avances significativos. Ahora nos sentimos protegidos y respaldados por este gpobierno", afirmó Nidia Lambraño, una de las beneficiarias de este proceso.
El complejo cenagoso de Machado, que abarca varias ciénagas como Machado, Molinos, Cholen, Piñalito, Los Ponches, Calle Larga y Don Antonio, ha sido objeto de un proceso de delimitación que ha reconocido a los campesinos y pescadores como legítimos usuarios de estas tierras.
"Inenajenable ¿Qué significa esa palabra? Que no se vende, que es propiedad pública. Y la policía y el ejército deben garantizar el acceso. Los procedimientos administrativos para ello están en curso. Quien ponga ilícitamente una cerca en propiedad de uso común debe ser conducido a la justicia colombiana, porque está cometiendo un delito. Porque es con el campesinado que podemos construir una Colombia", afirmó el presidente Gustavo Petro, durante la jornada de entrega de estas tierras.
Por su parte, Felipe Harman, director de la ANT, confirmó que esta es la primera vez en la historia del conflicto que la autoridad nacional de tierras reconoce oficialmente que los campesinos nunca fueron invasores, sino que los verdaderos invasores fueron los terratenientes que ocuparon ilegalmente estos territorios, los cuales son baldíos de la Nación y no son adjudicables. "Hoy la Reforma Agraria hace justicia social en Sucre. Campesinos y pescadores pueden irse a sus casas con la tranquilidad en el corazón de que tienen un lugar en la tierra y agua para garantizar su soberanía alimentaria. Estos terrenos son reservados por la nación y su uso debe ser regulado para el beneficio de las comunidades que han vivido y trabajado en ellos durante generaciones", concluyó.
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Gracias a este reconocimiento, más de 500 familias y pescadores podrán asegurar su soberanía alimentaria, utilizando los recursos naturales del lugar de manera sostenible, lo que contribuirá a la recuperación del equilibrio ecológico en estos territorios anfibios.Este proceso también ha sido clave para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la paz en una región históricamente afectada por el conflicto armado y la disputa por la tierra.
En este contexto, la ANT ha reafirmado su compromiso con la Corte Constitucional para que se respalde su competencia en los procesos de deslinde y recuperación de bienes de la Nación. De esta manera, miles de familias campesinas y comunidades étnicas se beneficiarán de una nueva oportunidad para acceder a tierras que antes estaban en manos de grandes propietarios ilegítimos.
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