En sus redes sociales, el periodista Sebastián Nohra, de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, denunció que recibió amenazas luego de la publicación de una investigación sobre malos manejos de los dineros de paz.
“Denuncio que hoy recibí dos llamadas en las que recibí amenazas contra mi vida. No voy a la justicia primero porque ya sabemos cuáles son sus tiempos. Sospecho que estará detrás alguien señalado en la investigación, pues jamás me había pasado”, escribió el periodista en Twitter.
En otro mensaje, Nohra aclaró que las llamadas no fueron, para nada, amigables, como considerarse una conversación: “No fue una conversación. “Pare con el temita o la pagará””.
El periodista recibió, de manera inmediata, apoyo de personalidades de la vida pública nacional, quienes, de paso, rechazaron las amenazas. Mientras tanto, la Fiscalía, a través de un comunicado, informó que ya investiga el origen de las amenazas.
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Este es el texto de la comunicación:
- Respecto a las denuncias conocidas por medios abiertos sobre amenazas contra el periodista Sebastián Nohra, la Fiscalía abrió una investigación de oficio y dispuso las primeras actividades de policía judicial con relación al hecho.
- Para el desarrollo de la respectiva investigación se llamará a entrevista a Sebastián Nohra con el fin de obtener toda la información y detalles sobre lo ocurrido.
- La Fiscalía General de la Nación reitera el compromiso de avanzar en el esclarecimiento de las conductas que pongan en riesgo la integridad de los periodistas y el normal ejercicio de su profesión
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El caso OCAD Paz
En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.
Según una investigación deBlu Radio, "solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)".
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El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía "distribuir los recursos con equidad" y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.
En la investigación, se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.
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También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que "elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones" y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba "tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas".