A un día de adjudicarse el contrato por 5 mil 525 millones de pesos, para asegurar 30 mil raciones de comida para niños y jóvenes de Neiva , Huila, para lo que resta de periodo escolar de este año, la Alcaldía de Neiva, en cabeza de Germán Casagua, decidió suspender el proceso de selección, según su oficina de comunicaciones, porque ninguno de los interesados cumplía el total de los requisitos.
Por esta razón y para garantizar la comida de los menores, se decidió extender el contrato vigente hasta el final del calendario escolar.
Los cuestionamientos al proceso:
Sin embargo, para muchos huilenses, la decisión tuvo un trasfondo distinto. Desde hace algunos días en Neiva, se venía hablando de denuncias hechas bajo la gravedad de juramento y que en resumen hablaban de documentos, firmas e información falsa.
Luz Divia Díaz Gómez, representante legal de Distribuciones Trujillo Díaz SAS, aseguró en su momento que el documento de estudio de mercado elaborado por Neiva y hecho público a través de la Bolsa Mercantil Colombiana, contenía una cotización que no había sido enviada desde la compañía que Díaz dirige, por lo cuál no estaría participando en el sondeo de mercado.
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La Alcaldía asegura que Diaz Gómez se retracto de esa declaración, pero llama poderosamente la atención que inicialmente se hablo de nombres, firma y cédulas presuntamente falsas.
Por su parte Alberto Velandia, propietario de la bodega de Surabastos bloque D local 105 de Neiva, en su declaración, aseguro que la administración de Neiva usó indebidamente cotizaciones que eran exclusivamente para la vigencia 2023, dentro del proceso de 2024, por lo que no estaría hablándose de costos reales.
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Por todo esto, la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado, en cabeza de Oliver Keep, le solicitó a la Alcaldía de Neiva y a la Bolsa Mercantil de Colombia, detener el proceso de contratación hasta que se esclarezca si se pudo incurrir en delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, prevaricato y otros, además de posible direccionamiento.
Los cuestionados documentos usados como parte del estudio de mercado, fueron firmado por servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Educación y el contrato comenzaría a ejecutarse desde la primera semana de septiembre.
La Bolsa Mercantil
Otras dudas que surgen van dirigidas hacia la manera cómo se decidió realizar este proceso. La Alcaldía de Neiva decidió elegir a la Bolsa Mercantil como empresa de corretaje para llevar a cabo la contratación. Y aunque esto se hace en muchas ciudades del país, lo claro es que con este mecanismo podría pensarse que se saltan la ley 80 para no entrar en un proceso licitatorio.
La Bolsa es una entidad privada que en este caso, recibe los estudios previos por parte de la Alcaldía y elige una empresa que pueda cumplir las necesidades de su cliente.
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Y aunque el presunto acto de corrupción se presentó durante el proceso de entrega de los estudios previos, lo claro es que la Bolsa realiza una subasta inversa en la que participan proponentes llevados comisionistas. Esto quiere decir que la Bolsa es un intermediario al que la Alcaldía debe pagarle un porcentaje. O sea por tercerizar el contrato.
La pregunta que queda es ¿cuánto cobra la Bolsa por ese corretaje y si seguirá dentro del proceso o el alcalde abrirá una licitación pública para el PAE?.
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