La comercializadora de energía Air-e le advirtió al Gobierno nacional que su situación financiera es crítica y que está al borde del colapso, de acuerdo con lo confirmado a Blu Radio por tres fuentes distintas con conocimiento del asunto.
Al respecto, aún no hay una decisión tomada al interior del Gobierno nacional sobre el futuro inmediato de Air-e ni sobre si la compañía será intervenida o no.
Según pudo conocer Blu Radio, la crisis financiera que enfrenta la empresa encargada de atender a cinco millones de usuarios costeños fue advertida recientemente al presidente. Primero, en una reunión sostenida presencialmente hacia finales de agosto y, luego, a través de una carta enviada ocho días después de dicho encuentro.
En esta carta, la empresa advierte al Gobierno sobre su compleja situación financiera. Air-e dice que el elevado precio de la energía en Bolsa, junto con la falta de medidas regulatorias, el no pago de subsidios y la acumulación de casi 1.8 billones de deudas, están volviendo "inviable" su operación y tendría que dejar de prestar el servicio de energía en cuestión de días. La compañía reconoce la intervención como una posibilidad y, prácticamente, la sugiere, pues no habría cómo garantizar la operación sin el suficiente flujo de caja a partir de esta semana.
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La comunicación generó revuelo especialmente en la Superintendencia de Servicios Públicos, por lo que Dagoberto Quiroga, jefe de la entidad, reconoció en una reunión en Santa Marta que estaban revisando jurídicamente la viabilidad de intervenir o de aplicar otra solución, pues no solo se trata de los problemas que manifiesta Air-e para seguir, sino también de las quejas que acumula la empresa y la evaluación de unos recursos destinados a inversión.
Air-e atiende a más de cinco millones de habitantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y durante las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por cuenta de su decisión de cortar la electricidad en zonas de difícil gestión de la factura. La decisión llevó al Gobierno a pedirle a las generadoras de energía que renegociaran los precios de venta a Air-e, pero según la compañía, apenas 4 de 23 respondieron a su solicitud de revisión de los precios.
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Según la ley, la Superintendencia de Servicios públicos puede intervenir a una compañía de electricidad cuando "no quiera o no pueda" prestar el servicio. Existen dos caminos para hacerlo: Una toma de posesión para administrar, que implica sanear la empresa y eventualmente regresarla a sus dueños, o una toma de posesión para liquidar donde la empresa desaparece.
Desde su creación en 2021, Air-e está bajo un programa de gestión con la Superintendencia de Servicios públicos que implica revisiones trimestrales. La última de ellas fue publicada en julio de 2024 y en ella se recomendó a la compañía acelerar el ritmo de inversiones.
Las protestas diarias que se dan contra la compañía en las calles son el síntoma más notorio de una crisis que ya fue comunicada al presidente Gustavo Petro.
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