Con la firma del Decreto Reglamentario 1322 de 2024, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, dieron un paso clave en la implementación de la Reforma Agraria Integral en Colombia. Este decreto otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades ampliadas para estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario y rural, con enfoque en fortalecer a organizaciones campesinas y fomentar la producción sostenible en las zonas rurales del país.
El propósito principal de esta normativa es impulsar una economía rural productiva, apoyando a los campesinos mediante la implementación de proyectos integrales que beneficien directamente a las comunidades más vulnerables.
Según el director de la ANT, Felipe Harman, la reforma busca garantizar la participación activa de las organizaciones campesinas en la gestión y ejecución de estos proyectos, "lo que será fundamental para promover el desarrollo agroalimentario y reducir la pobreza en las zonas rurales. Nosotros hemos avanzado en un 1.2 millones de hectáreas urbanizadas, hemos avanzado en alrededor de 300.000 hectáreas entregadas".
Por otra parte, el director se refirió a las nuevas facultades productivas que tendrá la Agencia Nacional de Tierras explicando que, como entidad, ya no tendrán "que esperar al título final para iniciar un ruta de producción de la tierra, sino que directamente la ANT será la encargada de desarrollar un esquema de estructuración que permita poner a producir la tierra. La tierra que vamos comprando no se puede quedar ahí, hay que ponerla a producir", agregó Harman.
El Decreto 1322 establece un marco legal para la creación de iniciativas de desarrollo que no solo apoyan a los campesinos beneficiarios de programas de adquisición y redistribución de tierras, sino que también fomentan la creación de formas asociativas de producción campesina. Estos proyectos, que incluyen actividades agrícolas y pecuarias, tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades y promover la integración de los campesinos en un modelo productivo sostenible.
Además de apoyar a los campesinos, el decreto incluye figuras territoriales claves como las Zonas de Reserva Campesinas, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, entre otros. Estas territorialidades, que han sido parte de los acuerdos de paz, serán beneficiadas con el acceso a recursos y proyectos productivos que les permitan transitar hacia sistemas agrícolas más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.Un aspecto importante de esta reforma es la orientación hacia la recuperación de suelos de uso ineficiente, con el objetivo de transformarlos en áreas productivas que contribuyan al desarrollo de una agricultura sostenible. Los proyectos también buscan avanzar en el reconocimiento de las territorialidades campesinas, promoviendo la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, lo cual es crucial para la estabilidad social y económica de las regiones rurales.
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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en coordinación con la ANT, jugará un papel fundamental en la ejecución de estos proyectos, en especial en lo que se refiere a la concertación de esfuerzos para la mejora de la infraestructura agropecuaria y el fortalecimiento de la producción. La colaboración entre estas entidades permitirá que los campesinos no solo reciban tierras, sino que también cuenten con el apoyo necesario para hacerlas productivas y rentables a largo plazo.
La implementación de esta reforma, con el respaldo de las políticas públicas y las instituciones correspondientes, busca modernizar el sector agroalimentario del país y garantizar que la producción de alimentos en Colombia sea no solo suficiente, sino también sostenible y equitativa.
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