El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Gobierno con la que se busca anular las sanciones establecidas para los conductores de plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify, entre otras.
Luego de examinar el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Estado le asignó el conocimiento de la demanda a la consejera Nubia Margoth Peña, quien deberá establecer si el Gobierno, en cabeza de la Superintendencia de Transporte, desbordó sus facultades al expedir la Circular Externa núm. 015 de 2020, por medio de la cual se imparten instrucciones a las “Autoridades de Tránsito, Organismos de Tránsito, Entidades del Sistema Nacional de Transporte” encargadas de la “vigilancia y control del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito”, y en la que se contemplan sanciones a los conductores de plataformas o aplicaciones digitales.
El Consejo de Estado le dio un plazo de 30 días a la Superintendencia de Transporte, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre los cuestionamientos que hace el gremio de aplicaciones e innovación (ALIANZA IN) a la circular expedida por el Gobierno.
La demanda fue presentada el pasado mes de agosto y hasta ahora el Consejo de Estado se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos legales.
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“Estas actuaciones buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”, manifestó Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien representa al gremio demandante.
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