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Con el objetivo de evitar el abuso por parte de las empresas encargadas de la operación de las grúas, este proyecto de ley tiene como propósito regular los mecanismos para trasladar vehículos, promoviendo la transparencia en la fijación de tarifas y estableciendo parámetros más específicos sobre los casos en los cuales un automóvil debe ser inmovilizado.
Uno de los aspectos más relevantes es la modificación del artículo 125 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que redefine la inmovilización de vehículos. De acuerdo con la nueva normativa, esta medida se entenderá como una suspensión temporal de la circulación, lo que implica que un vehículo solo será llevado a un parqueadero autorizado si no es posible resolver la infracción en el lugar o si no puede ser bloqueado mediante el uso de cepos u otras herramientas.
Además, la propuesta establece que cada traslado deberá ser acompañado de un inventario detallado del estado y los elementos del vehículo, tanto al momento de ingresar como al momento de salir de los patios.
Esto busca garantizar que no se presenten irregularidades durante el proceso de retiro de los vehículos y que los propietarios puedan verificar el estado de su automotor.
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El proyecto también incluye sanciones económicas para aquellos que incumplan las nuevas disposiciones. En particular, los administradores de patios que entreguen un vehículo sin la autorización correspondiente se enfrentarán a fuertes multas, que podrían ascender hasta cincuenta salarios mínimos, lo que representa un castigo significativo para quienes operen de manera ilegal o fuera de los lineamientos establecidos.
Esta iniciativa ahora deberá surtir dos debates más en el Senado para convertirse en ley.
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