Abogado de Petro dice que desconocerá decisión del CNE: "No presentaré descargos"

En medio de una creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro , declaró que no recurrirá la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.

Carvajal confirmó que la defensa del presidente no reconocerá las actuaciones del CNE por considerarlas fuera del marco legal.

El abogado también explicó que, en paralelo, el equipo internacional de defensores de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia se abstenga de continuar con investigaciones administrativas en contra del presidente.

"Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”, concluyó.

Este caso, que podría terminar en manos de la Corte Constitucional , promete seguir siendo un foco de atención en los próximos meses, ya que la estabilidad política del país está en juego.

“Una multa abre la puerta a un juicio por indignidad”

En relación con una eventual multa contra el mandatario, Carvajal advirtió que una sanción de este tipo podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, lo que pondría en riesgo el cargo presidencial.

“Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, aseguró el abogado en entrevista.

Multa del CNE: un ataque al fuero presidencial

Carvajal fue claro al señalar que cualquier sanción impuesta por elCNE no solo carece de legitimidad, sino que además podría desatar consecuencias jurídicas de gran alcance.

“El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, expresó con firmeza. Según el abogado, una multa impuesta al presidente Petro no sería una simple sanción administrativa, sino un paso hacia un proceso de destitución.

De acuerdo con Carvajal, la Ley 996 establece que, en caso de violación de los topes de financiación de campaña, la imposición de una multa da pie a un juicio por indignidad que podría culminar en la pérdida del cargo.

La respuesta de Petro ante las acusaciones

En relación con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro violó lostopes de financiación , el abogado defendió la postura del mandatario. Afirmó que el presidente ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea de conocimiento público para garantizar la transparencia.

“El presidente pidió que sea público el proceso para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”, explicó.

Sin embargo, Carvajal subrayó que la estrategia de defensa de Petro se centra en la protección de su fuero presidencial, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. “La defensa del presidente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”, añadió.

Comparaciones con el caso Samper

Durante la entrevista, se le preguntó a Carvajal si este proceso guardaba alguna similitud con el juicio político que enfrentó el expresidente Ernesto Samper en los años noventa. El abogado respondió que, aunque el contexto político es diferente, la ley actual establece un camino claro hacia la destitución en caso de violación de las normas de campaña.

“Hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”, comentó.

Carvajal también mencionó las diferencias clave entre los casos: “En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas. Hoy la situación es distinta, porque hay una normativa clara que regula la financiación electoral”, enfatizó.

El papel del Consejo de Estado y la tutela pendiente

A pesar del rechazo del Consejo de Estado a las solicitudes de anulación presentadas por la defensa de Petro, Carvajal reveló que aún queda una batalla jurídica por librar.

El abogado indicó que, de no obtener una resolución favorable en las instancias colombianas, existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Este argumento se basa en el precedente de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 , cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría General.

“Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE”, señaló.